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Nuestro sistema de justicia civil otorga a los ciudadanos que han sufrido daños el derecho a presentar una demanda por daños y perjuicios y a que un juez o un jurado decidan sobre su caso.
Del mismo modo que puede llevar a una persona ante un tribunal para que le pague lo que le debe en virtud de un contrato, también puede pedir al tribunal que obligue a alguien que le ha perjudicado a pagar por los daños que le ha causado mediante una demanda de responsabilidad civil.
Una demanda de responsabilidad civil también se llama "agravio".
Cambios positivos impulsados por acciones civiles
Responsabilizar a las empresas de sus productos y procedimientos nocivos fomenta un comportamiento responsable y mejoras en la seguridad. Las residencias de ancianos cambiaron sus políticas para proteger mejor a los pacientes mayores debido a las demandas interpuestas por familias cuyos seres queridos resultaron heridos o murieron por falta de cuidados adecuados.
Mejoras de productos como el rediseño de los depósitos de combustible de los automóviles, los sistemas de retención para los hombros en los asientos traseros de los coches y los pijamas ignífugos surgieron a raíz de demandas por responsabilidad civil presentadas contra fabricantes cuyos productos causaban daños.
Se retiraron del mercado productos farmacéuticos y dispositivos médicos peligrosos para proteger a los pacientes.
Se añadieron protecciones y dispositivos de desconexión de emergencia a la maquinaria pesada para proteger a los trabajadores de la pérdida de miembros o de la vida en accidentes en el lugar de trabajo.
Responsabilizar a las empresas de los daños causados por sus productos y servicios crea un incentivo financiero para fabricar productos más seguros y da lugar a entornos que no son peligrosos para los trabajadores y el público.
El Instituto de Política Económica es un grupo de reflexión sin ánimo de lucro y no partidista que centra los debates de política económica en las necesidades de los trabajadores de rentas bajas y medias. En un informe de 2005, el EPI afirmaba que "prácticamente todos los estudios realizados, que abarcan una gran variedad de productos de consumo, muestran que la calidad, variedad y seguridad de los productos fabricados en Estados Unidos ha mejorado drásticamente en las últimas décadas, en gran medida como resultado del sistema de responsabilidad civil".
Aunque la normativa gubernamental es una forma de disuadir de conductas empresariales que ponen en peligro a las personas, los organismos públicos no pueden proteger plenamente al público de las decisiones peligrosas del sector privado. Las normativas también requieren más burocracia para establecer las normas y revisar las quejas, más dinero de los impuestos para pagar su cumplimiento y más papeleo para las empresas.
El sistema de responsabilidad civil pone el poder en manos de los particulares. Esto no sólo permite a los ciudadanos afectados resarcirse del daño que se les ha causado, sino que también anima a las empresas a actuar de forma responsable para diseñar productos más seguros, reducir los peligros en el lugar de trabajo y crear entornos más seguros para todos.
